Liberalismo, Estado y Capital: La Falsa Antinomia y los Rescates Encubiertos

 

Una de las banderas del liberalismo es señalar al Estado como un impedimento para el libre mercado. En verdad, lo que hay por detrás es una disputa por el manejo del mismo. Un Estado liberal brinda todos los elementos para que el capital privado se expanda y se reproduzca, sintener en cuenta el bien común. Esta ha sido una larga discusión: los defensores del libre mercado señalan a los estatistas como dictatoriales, entre otros calificativos. Esto es plantear una falsa antinomia entre estatistas y antiestatistas. Lo que se oculta deliberadamente es la tarea que debe tener una administración en función del bien común.

Los defensores del liberalismo ocultan las intervenciones del Estado a favor de los intereses privados que se han sucedido a través de la historia. Por nombrar las más destacadas: en la crisis de 1929, en EE.UU. se produjo la quiebra de muchas empresas y bancos. Frente a esto, el gobierno creó una Corporación de Reconstrucción Financiera con el objetivo de prestar dinero a estos organismos. Esto es: intervención del Estado para salvar los intereses privados.

En este siglo, en el año 2008 sucedió algo similar. Hubo una concesión masiva de hipotecas de alto riesgo a usuarios, especulando que el precio de los inmuebles seguiría subiendo. Se titularizaban y se vendían como títulos de inversión en todo el mundo.

Expliquemos esto de la titularización. Es un modo muy común de estafa. Ejemplo: una empresa que vende electrodomésticos a crédito acumula un montón de deudas con sus clientes. En lugar de esperar el plazo convenido para el cobro, crea una unidad de valor. También se las llama “cédula hipotecaria”, emitidas por entidades financieras, que garantiza al tenedor de la misma el derecho a cobrar una cantidad determinada de dinero en concepto de préstamo, más los intereses pactados. Esto es mentira; el que termina garantizando es el Estado.

La venta de estos títulos se realiza de forma fraccionada, distribuyendo esas unidades entre una multitud de inversionistas, y la empresa utiliza ese dinero para seguir otorgando más créditos. Detrás de esto están las agencias calificadoras, que también son parte de las estafas, calificando a los mismos como de máxima seguridad. Lo mismo que las calificadoras de riesgo país. Por ejemplo, en Argentina sigue bajando el riesgo país porque el Estado brinda garantía para que los acreedores externos cobren sus deudas, a pesar del costo social. Lo mismo hicieron antes de la crisis del 2008 en EE.UU.; no lo anticiparon porque participaban del festín.

Bancos como Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch no retenían las hipotecas “subprime” (de alto riesgo). Las "titulizaban": las empaquetaban y transformaban en productos financieros complejos para venderlos, llamados Mortgage-Backed Securities (MBS) y Collateralized Debt Obligations (CDO). Los mismos estaban ligados a las calificadoras de riesgo.

"El que paga, manda". ¿Quién pagaba a las calificadoras? No eran los inversionistas (quienes necesitaban una opinión objetiva), sino los mismos bancos de inversión (Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, etc.) que creaban y vendían esos pagarés, por llamarlos de manera sencilla. Consecuencia inmediata: las calificadoras tenían un incentivo enorme para dar calificaciones altas (AAA o AA) a los títulos en venta que les presentaban los bancos, para mantenerlos como clientes y ganar más.

Las modalidades de la estafa se combinaban de distinta manera: “retraso en la reacción” (no anticipan crisis, ej.: crisis 2008 y crisis asiática 1997); calificación engañosa (las agencias calificadoras como Moody's y S&P calificaban de máxima seguridad para incentivar la compra); y la venta global, otra modalidad para esparcir el riesgo (entre bancos, fondos de pensiones, gobiernos).

El objetivo del golpe cívico-militar de 1976

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos con mayor claridad los acontecimientos sucedidos hace 50 años en nuestro país. El próximo 24 de marzo se cumplirá medio siglo. El golpe militar sucedido en aquel entonces contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón perseguía instaurar un poder en el que fuera posible la implementación de un gobierno liberal, permeable a las demandas de los grupos económicos del poder extranjero. Este plan lo llevó adelante el ministro de economía, Martínez de Hoz.

La Ley de Entidades Financieras (Ley N° 21.526), implementada en 1977 por el entonces ministro de economía durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), tuvo como principal beneficiario al sector financiero, y en particular a los grandes bancos extranjeros y nacionales. Los beneficios para las entidades extranjeras fueron múltiples y transformaron profundamente el sistema financiero argentino.

Liberalización y desregulación total:

1.    Se eliminaron casi todos los controles sobre las tasas de interés, permitiendo que los bancos las fijaran libremente.

2.    Se derogaron los límites a la asignación del crédito, eliminando la obligación de dirigirlo a sectores productivos específicos. Esto les dio una libertad operativa casi absoluta para definir sus negocios y maximizar ganancias en un contexto de alta inflación.

3.    Apertura irrestricta al capital extranjero y concentración, facilitando y promoviendo la entrada de bancos extranjeros, eliminando restricciones.

4.    La concentración del sistema financiero absorbió o quebró a los bancos pequeños y medianos, especialmente los de capital nacional y los provinciales.

Otro elemento para la concentración de la riqueza fue, y es, la llamada "bicicleta financiera", que consiste en aprovechar una tasa de interés local alta en pesos y un tipo de cambio oficial atrasado y preanunciado ("tablita cambiaria", que indicaba de antemano un dólar estable inferior a la inflación). Esto, acompañado de una “libertad total de movimiento de capitales” (entrada y salida de dólares sin restricciones). Esto es: una empresa, banco o individuo toma un préstamo en el exterior a una tasa de interés internacional baja (ej., 5-10% anual), ingresa los dólares al país, los cambia por pesos, los coloca en plazos fijos que pagan tasas muy superiores, y al vencimiento, retira los pesos, los convierte nuevamente a dólares al tipo de cambio oficial, cancela el préstamo externo y se queda con una ganancia en dólares, sin haber producido nada. Esto es una simple transferencia de riqueza. Los grandes grupos económicos, bancos y especuladores se enriquecieron a costa del empobrecimiento de la población.

Otra gran estafa fue la estatización de las deudas privadas en el último periodo del gobierno militar. Con esta operación se creó una deuda externa falsa. Esto fue denunciado por Alejandro Olmos en un expediente que tuvo fallo favorable en primera instancia en el año 1999.

La denuncia de Alejandro Olmos logró, tras 18 años, un fallo judicial histórico (año 2000) que declaró la ilegitimidad y el fraude en el endeudamiento de la dictadura. Sin embargo, al no haber condenas penales por prescripción y, sobre todo, al no ser tomado en cuenta por el Congreso para anular la deuda, su efecto fue declarativo y moral, más que ejecutivo. La forma más descarada de contraer la deuda fue a través de empresas ficticias que contraían créditos del exterior y después quebraban, y el Estado se hacía cargo. En el largo proceso judicial (1984-2000), el peritaje contable ordenado por el juez comprobó que casi el total de la deuda fue contraída sin los controles legales.

El juez Ballestero dictó sentencia en la Causa N° 14.467, el fallo "Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ defraudación". El juez no condenó penalmente a ninguno de los imputados (incluido Martínez de Hoz); la razón fue que los delitos habían prescrito debido a la demora del proceso, a los indultos de 1989-1990 y a que algunos tipos penales requerían denuncia de la "víctima" (el Estado, que no la hizo).

Recomendación crucial: La parte fundamental del fallo fue su pedido explícito al Congreso de la Nación. Ballestero consideró que, siendo un juez, no podía anular la deuda, pero remitió las actuaciones al Poder Legislativo para que, en uso de sus facultades, investigara y determinara la responsabilidad política, y eventualmente declarara la "nulidad" de la deuda fraudulenta. Fue un traspaso de la responsabilidad política a los representantes del pueblo. El Congreso Nacional nunca avanzó en la investigación profunda ni en la declaración de nulidad solicitada por el juez.

Alejandro Olmos falleció en abril del 2000, tres meses antes de que se dictara el fallo que le dio la razón histórica, pero que no tuvo las consecuencias prácticas que él esperaba.

La historia demuestra que los bancos privados son subsidiarios de intereses extranjeros; esto es: otorgan crédito priorizando las operaciones de mayor rentabilidad en el corto plazo (especulación financiera y préstamos a grandes conglomerados). Solo buscan el rédito económico a corto plazo, así queda a un lado la política crediticia del Estado: subsidios a la industria, la vivienda y las PyMEs.

En el periodo 2015-2019 la historia se repite

En el gobierno de M. Macri, el acuerdo “stand-by” se firmó en junio de 2018 por un monto de 57.100 millones de dólares, el mayor préstamo en la historia del Fondo. Fue calificado por la sociedad argentina como "el robo del siglo". (“Stand-by” quiere decir “en espera”; es a cambio de que el país se comprometa a seguir un estricto programa de reformas económicas supervisado por quien lo otorga).

El propósito fue financiar la fuga de capitales. Esto es: sostener un dólar barato (de esta manera con pesos podés comprar más dólares) y, paralelamente, pagar los vencimientos de deuda con el FMI. Esto significó salida de capitales del país.

El acuerdo se negoció con extrema rapidez y secreto (en menos de un mes), sin debate parlamentario ni rendición de cuentas.

Paralelamente, en estos acuerdos no se fijan solo los compromisos de pago; se acompañan programas de ajuste fiscal (meta de déficit cero). Esto implica recorte en obra pública, congelamiento de salarios y jubilaciones, etc., que recae sobre los sectores más vulnerables. Esto es pérdida de soberanía, pues una entidad extranjera dice cómo tenés que administrar tus bienes.

Este préstamo tenía como objetivo rescatar a los acreedores privados y especuladores que habían comprado bonos argentinos a altas tasas, y era inminente la pérdida de su valor. La toma de la deuda mantuvo su valor. Toda esta operación de fuga de capitales se realiza mediante asientos contables y transferencias electrónicas. El dinero como entidad física no se mueve en este proceso; lo que se transfiere es la propiedad o el derecho sobre ese dinero, que se materializa en un cambio en los registros contables de las instituciones financieras involucradas.

Luego de la fuga y venta de los bonos, la crisis se profundizó: la moneda se siguió devaluando, la inflación escaló y el país entró en default selectivo en 2020. El grueso del dinero del préstamo ni siquiera entró al país; se usó directamente para pagar vencimientos de capital e intereses de la misma deuda.

Se repite el fraude. Se financió la salida de capitales y se benefició a acreedores privados, y dejó una pesada herencia de deuda que hipotecó el futuro de los argentinos, sin resolver ninguno de los problemas que decía enfrentar.

El periodo posterior del gobierno peronista reconoció y renegoció la deuda heredada. Los que justificaron la negociación decían que el pueblo no iba a resistir un bloqueo. Este es un tema a debatir.

El poder siempre se oculta. En la década de los 70, el objetivo del Plan Cóndor era restablecer los principios económicos que beneficiaban a EE.UU.; fue el objetivo señalado por Henry Kissinger y que Martínez de Hoz llevó a cabo en Argentina. Hoy, los mismos grupos de poder económico manipulan la economía hasta el próximo colapso.