Una de las banderas del liberalismo es señalar al Estado como un impedimento para el libre mercado. En verdad, lo que hay por detrás es una disputa por el manejo del mismo. Un Estado liberal brinda todos los elementos para que el capital privado se expanda y se reproduzca, sintener en cuenta el bien común. Esta ha sido una larga discusión: los defensores del libre mercado señalan a los estatistas como dictatoriales, entre otros calificativos. Esto es plantear una falsa antinomia entre estatistas y antiestatistas. Lo que se oculta deliberadamente es la tarea que debe tener una administración en función del bien común.
Los defensores del liberalismo ocultan las intervenciones del Estado a
favor de los intereses privados que se han sucedido a través de la historia.
Por nombrar las más destacadas: en la crisis de 1929, en EE.UU. se produjo la
quiebra de muchas empresas y bancos. Frente a esto, el gobierno creó una
Corporación de Reconstrucción Financiera con el objetivo de prestar dinero a
estos organismos. Esto es: intervención del Estado para salvar los intereses
privados.
En este siglo, en el año 2008 sucedió algo similar. Hubo una concesión
masiva de hipotecas de alto riesgo a usuarios, especulando que el precio de los
inmuebles seguiría subiendo. Se titularizaban y se vendían como títulos de
inversión en todo el mundo.
Expliquemos esto de la titularización. Es un modo muy común de estafa.
Ejemplo: una empresa que vende electrodomésticos a crédito acumula un montón de
deudas con sus clientes. En lugar de esperar el plazo convenido para el cobro,
crea una unidad de valor. También se las llama “cédula hipotecaria”, emitidas
por entidades financieras, que garantiza al tenedor de la misma el derecho a
cobrar una cantidad determinada de dinero en concepto de préstamo, más los
intereses pactados. Esto es mentira; el que termina garantizando es el Estado.
La venta de estos títulos se realiza de forma fraccionada, distribuyendo
esas unidades entre una multitud de inversionistas, y la empresa utiliza ese
dinero para seguir otorgando más créditos. Detrás de esto están las agencias
calificadoras, que también son parte de las estafas, calificando a los mismos
como de máxima seguridad. Lo mismo que las calificadoras de riesgo país. Por
ejemplo, en Argentina sigue bajando el riesgo país porque el Estado brinda
garantía para que los acreedores externos cobren sus deudas, a pesar del costo
social. Lo mismo hicieron antes de la crisis del 2008 en EE.UU.; no lo
anticiparon porque participaban del festín.
Bancos como Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch no retenían
las hipotecas “subprime” (de alto riesgo). Las "titulizaban": las
empaquetaban y transformaban en productos financieros complejos para venderlos,
llamados Mortgage-Backed Securities (MBS) y Collateralized Debt Obligations
(CDO). Los mismos estaban ligados a las calificadoras de riesgo.
"El que paga, manda". ¿Quién pagaba a las calificadoras? No
eran los inversionistas (quienes necesitaban una opinión objetiva), sino los
mismos bancos de inversión (Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch,
etc.) que creaban y vendían esos pagarés, por llamarlos de manera sencilla.
Consecuencia inmediata: las calificadoras tenían un incentivo enorme para dar
calificaciones altas (AAA o AA) a los títulos en venta que les presentaban los
bancos, para mantenerlos como clientes y ganar más.
Las modalidades de la estafa se combinaban de distinta manera: “retraso
en la reacción” (no anticipan crisis, ej.: crisis 2008 y crisis asiática 1997);
calificación engañosa (las agencias calificadoras como Moody's y S&P
calificaban de máxima seguridad para incentivar la compra); y la venta global,
otra modalidad para esparcir el riesgo (entre bancos, fondos de pensiones, gobiernos).
El objetivo del golpe cívico-militar de 1976
Teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos con mayor claridad los
acontecimientos sucedidos hace 50 años en nuestro país. El próximo 24 de marzo
se cumplirá medio siglo. El golpe militar sucedido en aquel entonces contra el
gobierno de Isabel Martínez de Perón perseguía instaurar un poder en el que
fuera posible la implementación de un gobierno liberal, permeable a las
demandas de los grupos económicos del poder extranjero. Este plan lo llevó
adelante el ministro de economía, Martínez de Hoz.
La Ley de Entidades Financieras (Ley N° 21.526), implementada en 1977
por el entonces ministro de economía durante la última dictadura cívico-militar
argentina (1976-1983), tuvo como principal beneficiario al sector financiero, y
en particular a los grandes bancos extranjeros y nacionales. Los beneficios
para las entidades extranjeras fueron múltiples y transformaron profundamente
el sistema financiero argentino.
Liberalización y
desregulación total:
1.
Se eliminaron casi todos los controles
sobre las tasas de interés, permitiendo que los bancos las fijaran libremente.
2.
Se derogaron los límites a la asignación
del crédito, eliminando la obligación de dirigirlo a sectores productivos
específicos. Esto les dio una libertad operativa casi absoluta para definir sus
negocios y maximizar ganancias en un contexto de alta inflación.
3.
Apertura irrestricta al capital
extranjero y concentración, facilitando y promoviendo la entrada de bancos
extranjeros, eliminando restricciones.
4.
La concentración del sistema financiero
absorbió o quebró a los bancos pequeños y medianos, especialmente los de
capital nacional y los provinciales.
Otro elemento para la concentración de la riqueza fue, y es, la llamada
"bicicleta financiera", que consiste en aprovechar una tasa de
interés local alta en pesos y un tipo de cambio oficial atrasado y preanunciado
("tablita cambiaria", que indicaba de antemano un dólar estable
inferior a la inflación). Esto, acompañado de una “libertad total de movimiento
de capitales” (entrada y salida de dólares sin restricciones). Esto es: una
empresa, banco o individuo toma un préstamo en el exterior a una tasa de
interés internacional baja (ej., 5-10% anual), ingresa los dólares al país, los
cambia por pesos, los coloca en plazos fijos que pagan tasas muy superiores, y
al vencimiento, retira los pesos, los convierte nuevamente a dólares al tipo de
cambio oficial, cancela el préstamo externo y se queda con una ganancia en
dólares, sin haber producido nada. Esto es una simple transferencia de riqueza.
Los grandes grupos económicos, bancos y especuladores se enriquecieron a costa
del empobrecimiento de la población.
Otra gran estafa fue la estatización de las deudas privadas en el último
periodo del gobierno militar. Con esta operación se creó una deuda externa
falsa. Esto fue denunciado por Alejandro Olmos en un expediente que tuvo fallo
favorable en primera instancia en el año 1999.
La denuncia de Alejandro Olmos logró, tras 18 años, un fallo judicial
histórico (año 2000) que declaró la ilegitimidad y el fraude en el
endeudamiento de la dictadura. Sin embargo, al no haber condenas penales por
prescripción y, sobre todo, al no ser tomado en cuenta por el Congreso para
anular la deuda, su efecto fue declarativo y moral, más que ejecutivo. La forma
más descarada de contraer la deuda fue a través de empresas ficticias que
contraían créditos del exterior y después quebraban, y el Estado se hacía
cargo. En el largo proceso judicial (1984-2000), el peritaje contable ordenado
por el juez comprobó que casi el total de la deuda fue contraída sin los
controles legales.
El juez Ballestero dictó sentencia en la Causa N° 14.467, el fallo
"Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ defraudación". El juez no
condenó penalmente a ninguno de los imputados (incluido Martínez de Hoz); la
razón fue que los delitos habían prescrito debido a la demora del proceso, a
los indultos de 1989-1990 y a que algunos tipos penales requerían denuncia de
la "víctima" (el Estado, que no la hizo).
Recomendación crucial: La parte
fundamental del fallo fue su pedido explícito al Congreso de la Nación.
Ballestero consideró que, siendo un juez, no podía anular la deuda, pero
remitió las actuaciones al Poder Legislativo para que, en uso de sus
facultades, investigara y determinara la responsabilidad política, y
eventualmente declarara la "nulidad" de la deuda fraudulenta. Fue un
traspaso de la responsabilidad política a los representantes del pueblo. El
Congreso Nacional nunca avanzó en la investigación profunda ni en la declaración
de nulidad solicitada por el juez.
Alejandro Olmos falleció en abril del 2000, tres meses antes de que se
dictara el fallo que le dio la razón histórica, pero que no tuvo las
consecuencias prácticas que él esperaba.
La historia demuestra que los bancos privados son subsidiarios de
intereses extranjeros; esto es: otorgan crédito priorizando las operaciones de
mayor rentabilidad en el corto plazo (especulación financiera y préstamos a
grandes conglomerados). Solo buscan el rédito económico a corto plazo, así
queda a un lado la política crediticia del Estado: subsidios a la industria, la
vivienda y las PyMEs.
En el periodo 2015-2019 la historia se repite
En el gobierno de M. Macri, el acuerdo “stand-by” se firmó en junio de
2018 por un monto de 57.100 millones de dólares, el mayor préstamo en la
historia del Fondo. Fue calificado por la sociedad argentina como "el robo
del siglo". (“Stand-by” quiere decir “en espera”; es a cambio de que el
país se comprometa a seguir un estricto programa de reformas económicas
supervisado por quien lo otorga).
El propósito fue financiar la fuga de capitales. Esto es: sostener un
dólar barato (de esta manera con pesos podés comprar más dólares) y,
paralelamente, pagar los vencimientos de deuda con el FMI. Esto significó
salida de capitales del país.
El acuerdo se negoció con extrema rapidez y secreto (en menos de un
mes), sin debate parlamentario ni rendición de cuentas.
Paralelamente, en estos acuerdos no se fijan solo los compromisos de
pago; se acompañan programas de ajuste fiscal (meta de déficit cero). Esto
implica recorte en obra pública, congelamiento de salarios y jubilaciones,
etc., que recae sobre los sectores más vulnerables. Esto es pérdida de
soberanía, pues una entidad extranjera dice cómo tenés que administrar tus bienes.
Este préstamo tenía como objetivo rescatar a los acreedores privados y
especuladores que habían comprado bonos argentinos a altas tasas, y era
inminente la pérdida de su valor. La toma de la deuda mantuvo su valor. Toda
esta operación de fuga de capitales se realiza mediante asientos contables y
transferencias electrónicas. El dinero como entidad física no se mueve en este
proceso; lo que se transfiere es la propiedad o el derecho sobre ese dinero,
que se materializa en un cambio en los registros contables de las instituciones
financieras involucradas.
Luego de la fuga y venta de los bonos, la crisis se profundizó: la
moneda se siguió devaluando, la inflación escaló y el país entró en default
selectivo en 2020. El grueso del dinero del préstamo ni siquiera entró al país;
se usó directamente para pagar vencimientos de capital e intereses de la misma
deuda.
Se repite el fraude. Se financió la salida de capitales y se benefició a
acreedores privados, y dejó una pesada herencia de deuda que hipotecó el futuro
de los argentinos, sin resolver ninguno de los problemas que decía enfrentar.
El periodo posterior del gobierno peronista reconoció y renegoció la
deuda heredada. Los que justificaron la negociación decían que el pueblo no iba
a resistir un bloqueo. Este es un tema a debatir.
El poder siempre se oculta. En la década de los 70, el objetivo del Plan Cóndor era restablecer los principios económicos que beneficiaban a EE.UU.; fue el objetivo señalado por Henry Kissinger y que Martínez de Hoz llevó a cabo en Argentina. Hoy, los mismos grupos de poder económico manipulan la economía hasta el próximo colapso.
